Los accidentes viales en nuestro país ocasionan miles de muertes por año, como también heridos de distinta gravedad, incluso personas mutiladas e incapacitadas de por vida. La ONG Luchemos por la Vida, que cumple con una loable función en la materia, computó la muerte de 7659 personas sólo en 2010 por accidentes de tránsito. Esa cifra es una de las tasas más altas del mundo, considerando la relación entre cantidad de muertes y cantidad de vehículos.
Nos urge como sociedad luchar contra este flagelo para reducir los índices altamente preocupantes de muertes y lesiones. Se requiere para ello un accionar conjunto y coordinado para abordar la problemática, simultáneamente desde distintas aristas.
En primer lugar, es fundamental educar en la responsabilidad. La educación en el conocimiento y en el respeto de las reglas de conducción en el tránsito debe ser una materia obligatoria en la educación secundaria. La seguridad mejoraría sensiblemente, si además se impusiera la cultura de cumplir con esas normas básicas conocidas por todos, pero con un alto porcentaje de incumplimiento, como utilizar el cinturón de seguridad, no superar las velocidades máximas permitidas y no excederse en los límites de alcoholemia.
Las sanciones a esas infracciones deben ser ejemplares para crear inmediata conciencia ciudadana sobre su cumplimiento. Las multas pecuniarias son, por sí solas, insuficientes y muchas veces sólo persiguen fines recaudatorios. La retención del registro de conducir, temporariamente y en caso de reincidencias graves en forma definitiva, ha demostrado en otros países ser una herramienta valiosa para compeler el cumplimiento de las normas de tránsito. La introducción del sistema de puntos punitorios acumulables aplicado ahora en la ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones, constituye un paso positivo. La unificación nacional del registro de contravenciones es el paso subsecuente y necesario.
Es imprescindible, también, trabajar en la infraestructura vial, que en estos últimos años ha sufrido las consecuencias de un retroceso en la atención de su mejoramiento a través de un mal manejo oficial de las concesiones por peaje. Hoy no sólo se observa un deterioro del estado de la red, sino también reiteradas deficiencias en la señalización y el diseño vial. La política del Gobierno de congelar tarifas y, en contrapartida, absorber funciones de mantenimiento y reconstrucción que antes realizaban los concesionarios de corredores viales ha llevado a un mal estado a la gran mayoría de las rutas argentinas. Esa política de retrasar tasas de peaje también afectó el desarrollo de las autopistas de acceso a la Región Metropolitana y otras grandes ciudades. Mientras tanto, el parque automotor ha crecido sostenidamente. El aumento de la siniestralidad es una consecuencia inevitable.
Los choques frontales son la causa del 66 por ciento de las muertes en las rutas del país. La separación de las calzadas con defensas adecuadas permite solucionar muchísimas de estas tragedias, que se repiten con dolorosa frecuencia.
El desarrollo de la red de autovías con su gradual evolución hacia autopistas con control total de accesos y cruces, según las necesidades del tráfico, es una necesidad imperiosa. En este sentido, hay dos propuestas alternativas. Una de ellas postula el uso gratuito de las autopistas y su financiación sobre la base de un impuesto adicional a los combustibles. Es el llamado Proyecto Promitt, que promueven distintas entidades. Otra alternativa es la del uso del peaje como instrumento de financiación y de traslado a los usuarios específicamente beneficiados, del costo de construirlas y mantenerlas.
El Instituto del Transporte, de la Academia Nacional de Ingeniería, ha elaborado una propuesta enviada a legisladores y medios especializados, en la que se propone la construcción de 7040 kilómetros de autovías y autopistas en un programa de nueve años, con un esquema de financiamiento por peaje sólo subsidiariamente suplementado por fondos públicos en algunas de las concesiones, que en ese caso serían adjudicadas por el menor subsidio requerido cuando fuere necesario.
A pesar de que el Estado es el que tiene la responsabilidad principal de ordenar el desarrollo de la infraestructura vial, el sector privado también puede y debe colaborar, no sólo asumiendo inversiones de riesgo en concesiones camineras, sino también en otras actividades referidas a la seguridad en el tránsito.
En ese sentido, es destacable la labor del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), creador del Grupo de Seguridad Social, que reúne a distintas organizaciones preocupadas desde hace tiempo por los accidentes de tránsito. En línea con su intención de generar responsabilidad empresaria, se lanzó una convocatoria amplia para adherir a la Carta Argentina de la Seguridad Vial, que generó el apoyo inmediato adhesión de más de 100 compañías y el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En dicha carta, cada firmante se compromete a realizar distintas acciones sencillas, pero de mucha utilidad para alcanzar progresos.
Iniciativas como las descriptas contribuyen a luchar contra el flagelo de los accidentes de tránsito y por eso merecen ser apoyadas por toda la comunidad.
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