El Ejecutivo Municipal envió en los últimos días al Concejo un proyecto para la modificación de la Ordenanza Nº 7.882 –Régimen de Infracciones y Penalidades–, con la intención de actualizar las multas correspondientes a diferentes faltas. La Municipalidad destacó que esa normativa presenta desactualización en los montos de infracciones. El 64 por ciento de los artículos fijaron su valor en 1992, el 15 por ciento antes de 2000, el 9 por ciento previo a 2007 y un 12 por ciento, de 2010 a la fecha.
El proyecto “pretende resolver de manera directa y especial las sanciones previstas en determinadas áreas críticas, tales como: actividades comerciales, limpieza e higiene en la ciudad, preservación del espacio público y de la vía pública en particular, la estética pública, entre otras”.
El retraso en los valores genera que, en muchas situaciones, es más ventajoso en términos económicos para el ciudadano mantenerse al margen del ordenamiento jurídico, ya que resulta más barato afrontar el eventual pago de la multa en caso de constatarse la infracción, que el costo de los materiales o recursos indispensables requeridos para obrar conforme a derecho.
En este marco, se enumeran el vaciamiento de piscinas en la vía pública, el arrojo de escombros, tierra y residuos y hasta mezcla en la vía pública, los cuales tienen particular importancia en lo que atiene al uso responsable del agua y el resguardo del sistema de drenaje de la ciudad para las situaciones de emergencia hídrica.
Por otra parte, el Ejecutivo hace referencia a “la inestimable cantidad de recursos que la Administración debe destinar para subsanar las deficiencias generadas a partir de las infracciones referidas en estas áreas específicas, particularmente en el citado caso del sistema de emergencia hídrica y en la reparación de la vía pública que resulta sumamente deteriorada a consecuencia de este tipo de infracciones”.
Con esa intención, la Municipalidad considera “trascendental disponer desde los órganos de control de los instrumentos de disuasión suficientes para resguardar determinados bienes jurídicos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, como lo son la vida y la integridad física y psíquica de las personas, en determinadas áreas sensibles como lo constituyen el peligro de incendio o de emergencia hídrica, la contaminación sonora, el tránsito y la seguridad vial, el transporte público, por citar algunos”.
Por otra parte, según los relevamientos efectuados por la Secretaría de Control, la cantidad de ciudadanos empadronados en la ciudad que registran la comisión de una infracción desde 2007 hasta la fecha alcanza el 24,6 por ciento del total, siendo asimismo sólo un 14 por ciento los que cometieron multas graves o gravísimas.
La referencia hace alusión a que “el público al cual alcanza el aumento de valores propuesto, es sumamente acotado respecto al total de la ciudadanía, siendo la mayor parte de santafesinos ajustados en su
comportamiento al ordenamiento jurídico municipal y por tanto, ajenos a esta actualización”.
comportamiento al ordenamiento jurídico municipal y por tanto, ajenos a esta actualización”.
Las principales
En las modificaciones de mayor trascendencia propuestas se encuentran las referidas a la violación de clausuras e inhabilitaciones dispuestas por la autoridad municipal; y arrojo a la vereda de desperdicios, residuos, escombros, materiales de construcción, mezcla húmeda y falta de higiene de espacios públicos. También se destacan las multas por el sacado de residuos fuera de horario; la manipulación y disposición indebida de los mismos; y las relacionadas a las aguas servidas y desagote de piscinas.
Otras de las infracciones contempladas son la habilitación y funcionamiento de actividades o espectáculos sin autorización o en contravención a las normas; la venta de artículos pirotécnicos; los ruidos molestos y conducir con licencia vencida o sin ella.
Vía: Uno Santa Fe.
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